La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha mantenido una reunión con la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el que ha logrado el compromiso del Gobierno de España de incrementar los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que anualmente recibe Andalucía y que actualmente ascienden a unos 15 millones de euros. "Ha sido una reunión positiva porque hemos arrancado el compromiso de que se aumenten los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para Andalucía. Es una demanda histórica que hemos venido realizando desde la Junta de Andalucía y ahora el Ministerio de Igualdad se ha comprometido a dar respuesta", ha destacado tras el encuentro.
Asimismo, López ha solicitado a la ministra "un cambio en el modelo" del Pacto de Estado "para que la gestión de los fondos sea más eficaz y eficiente" a fin de que cumplan con el objetivo marcado: mejorar la atención de las mujeres y menores que sufren esta violencia y avanzar en la prevención. "Y para ello los proyectos tienen que ser plurianuales, hay que ampliar los plazos de ejecución y justificación y buscar una plantilla estable para la ejecución de los mismos", ha detallado.
La consejera ha subrayado que el Pacto de Estado es un instrumento "muy valioso" para combatir la violencia machista en nuestra sociedad. "Creo que es una herramienta que ha funcionado, pero también estoy convencida de que necesita determinadas mejoras para ser más eficiente, ganar en agilidad y acercarse a las necesidades reales de cada comunidad autónoma", ha señalado.
El actual Pacto de Estado contra la Violencia de Género fue aprobado por los grupos políticos con representación parlamentaria en septiembre de 2017, siendo presidente del Gobierno Mariano Rajoy, con una financiación de 1.000 millones de euros y en él se recogen 290 medidas que han de implementarse hasta este año. En estos momentos, el Ministerio de Igualdad, las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) están trabajando en un nuevo marco de actuación conjunta que garantice la prórroga y permanencia de dicho acuerdo.
Precisamente, en este escenario Andalucía apuesta por una batería de propuestas que contribuyan a pactar una gestión más eficiente, a partir de la experiencia derivada de estos años y las dificultades a las que ha habido que hacer frente.
De esta forma, Loles López ha abogado por que se permitan los proyectos de carácter plurianual, como ya ocurre con las actuaciones financiadas con fondos europeos, por dos cuestiones fundamentales: por un lado, porque permite aumentar el impacto de las iniciativas llevadas a cabo, ganar en calidad y profundidad, mejorar la programación y planificación, además de agilizar los trámites administrativos. "Y todo ello con el propósito fundamental de mejorar nuestra respuesta ante la violencia machista", ha remarcado, antes de incidir en que "la prioridad de la Junta de Andalucía son siempre las víctimas de violencia de género".
Asimismo, la consejera ha advertido que los plazos exigidos actualmente por el Ministerio de Igualdad para la realización de los proyectos y actuaciones "colisionan con la aplicación de la normativa vigente en materia de contratos y subvenciones, lo que nos ha dificultado enormemente tanto la gestión como la correcta justificación del gasto".
Más personal y planificación
La consejera, que ha estado acompañada en la reunión por la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Ana Mata, y la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Mariela Checa, también ha trasladado a la ministra Montero la posibilidad de destinar un mayor porcentaje de los fondos del Pacto de Estado a la contratación de personal con el objetivo de atender, tanto la gestión administrativa derivado del mismo, como para aumentar la atención directa a las mujeres y menores que sufren violencia.
En esta línea, López ha lamentado que "no es la primera vez que el Gobierno de España diseña programas, planes y proyectos que endeudan a las comunidades autónomas, que tienen que afrontar con recursos propios, tanto económicos como de personal, estas actuaciones. Por lo tanto, es necesario abrir esta posibilidad".
Asimismo, Loles López ha pedido que se subsanen algunas cuestiones técnicas que han dificultado estos años la planificación, coordinación y justificación. A este respecto, ha apuntado que desde 2018 se han modificado sucesivamente las reglas de funcionamiento y justificación. "Si las comunidades recibimos instrucciones diferentes o con un mayor número de requerimientos una vez avanzado el año, es probable que sean de imposible cumplimiento porque ya se están realizando las actuaciones con criterios distintos", ha explicado.
Proyectos innovadores
Andalucía ha recibido casi 61 millones de euros entre los años 2018 y 2021 de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Si en 2018 se realizaron acciones por valor de 250.000 euros; en 2019 se alcanzó los 15 millones; en 2020 la cuantía ascendió a 16,1 millones de euros; y, en 2021 se han destinado casi 25 millones. Por tanto, en los cuatros últimos ejercicios se han justificado acciones por un valor de 56,3 millones de euros, lo que supone el 92,49%.
Para poder ejecutar las actividades de manera óptima en tiempo y forma, la Junta de Andalucía ha ido adelantando los fondos y en 2020 creó el Fondo Único de código SO689 para simplificar los procesos administrativos.
Entre las actuaciones llevadas a cabo destacan la creación y puesta en marcha de proyectos como la Estrategia Andaluza para la Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual o las iniciativas centradas en masculinidades igualitarias del Instituto Andaluz de la Mujer, además de el refuerzo de los juzgados, los programas de prevención de la violencia en los centros educativos o los proyectos de empleabilidad para las mujeres víctimas.
Cabe destacar que la formación especializada en materia de violencia de género ha sido una constante en la Administración andaluza, permitiendo la especialización de manera transversal de multitud de profesionales de los ámbitos sanitario, sistema educativo, administración de justicia, políticas sociales, entidades locales, etc.
