El secretario general de Universidades de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Ramón Herrera, ha subrayado el compromiso del Ejecutivo autonómico por redoblar los esfuerzos en la atención a la discapacidad y a las necesidades específicas de apoyo educativo y en la prevención del riesgo ante conductas suicidas o autolesiones en el ámbito universitario. Así lo ha puesto de manifiesto durante la apertura del curso académico 2024-2025 de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), donde ha subrayado la financiación “histórica” de la que dispone esta institución durante este 2024, con más de 80 millones de euros y la apuesta que llevará a cabo en los próximos años en la nueva planificación de titulaciones, destacando como la que más enseñanzas duales impartirá.
En su intervención, ha explicado que la UPO siempre ha sobresalido por ser “una universidad con alma, comprometida con el reto de integrar la diversidad y favorecer la accesibilidad en su camino hacia la excelencia”. Por ello, ha añadido que jugará un papel esencial en el convenio recién firmado entre Junta y el sistema público, ya que será la encargada de coordinar las actuaciones y los trabajos que se desarrollen en el área de la discapacidad y la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo en los campus. El acuerdo, suscrito por las consejerías de Universidad e Inclusión Social junto al sistema público, contará con una vigencia de cuatro años prorrogables. El documento recoge la puesta en marcha de una serie de actuaciones, como la elaboración de un estudio sobre la situación de los servicios de atención a la diversidad funcional en las universidades públicas o la implementación de líneas de acción conjuntas para atender a este colectivo en cada curso académico.
Precisamente, Herrera ha incidido en que ese compromiso en este ámbito tendrá un refrendo legal, puesto que la futura Ley de Universidades para Andalucía (LUPA), contempla la obligación de garantizar la igualdad de oportunidades para el estudiantado y demás miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, y de adoptar medidas de acción positiva para asegurar su participación plena y efectiva en la universidad.
Junto a esta línea de trabajo, el secretario general de Universidades también se ha referido al protocolo en el que la Consejería de Universidad está trabajando, junto con la Consejería de Salud, para incrementar el control y mejorar la prevención ante conductas suicidas o autolesivas. “Aunque ya se están dando pasos en el sistema público, es urgente seguir activando, de forma conjunta con el Ejecutivo andaluz, iniciativas concretas para aumentar la concienciación en salud mental en los campus”, ha señalado, asegurando que “los problemas de este tipo cada vez afectan a más personas en Andalucía, por lo que es necesario darle la relevancia que merecen”.
Mayor control de las universidades privadas
Ramón Herrera ha querido dedicar parte de su discurso al endurecimiento de las condiciones para crear proyectos privados universitarios que establecerá el nuevo marco normativo autonómico en el que está inmersa la Consejería, “con el objetivo de reforzar la calidad y excelencia del sistema universitario de la comunidad y de asegurar la prestación de este servicio público”.
Entre las exigencias, se requerirá que los promotores y gestores de las iniciativas dispongan de una trayectoria contrastada en el servicio público de educación superior y se obligará a que reserven parte de sus ingresos a programas de becas y ayudas al estudio.
La mayor reforma de los últimos 30 años
El secretario general también ha puesto de relieve que, en los dos primeros ejercicios de la actual legislatura, la Junta ha acometido “la mayor reforma del sistema universitario andaluz de los últimos treinta años”. Entre los cambios estructurales, ha apuntado a la puesta en marcha de un nuevo modelo de financiación, que en 2024 alcanza los 1.685 millones, un 4% más que el año pasado y casi dos puntos por encima del incremento del presupuesto de la Junta de este ejercicio. Esa cuantía se incrementará hasta los 1.777 millones sumando otra serie de partidas adicionales. En el caso de la UPO, esa financiación supera los 80 millones, “una cifra histórica, que supone, además, un aumento de más de 14,8 millones respecto a 2018”, según ha aclarado.
Junto a esto, Herrera también ha expuesto otras grandes políticas de calado, como son la nueva programación universitaria compuesta por 188 títulos para el sistema público que se implantará a partir del curso 2025-2026 o la mejora laboral y salarial del personal docente e investigador y de la plantilla técnica, de gestión y de administración y servicios. También se incluye, en el plano legislativo, la renovación del marco normativo que regula el sistema universitario y el de I+D+I, con la aprobación prevista para finales de 2025 o principios de 2026 de la LUPA y de la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía (ACTIVA).
Asimismo, ha detallado que “en Andalucía, por primera vez, se ha puesto en marcha un Plan de Inspección Universitaria, que ofrecerá más seguridad jurídica al establecer un control exhaustivo”. De igual modo, ha indicado que la región es también la primera en asumir el coste de la cotización de la Seguridad Social de los estudiantes universitarios que realicen sus prácticas en la Administración y sus entes adscritos.
Por otro lado, el secretario general de Universidades se ha centrado en la I+D, resaltando el esfuerzo financiero cuantificado en 134 millones que está desplegando la Junta para respaldar la investigación en la comunidad. De ese cómputo global, ya se han convocado programas por valor de 63 millones para promover la formación y la carrera del talento investigador e impulsar proyectos de I+D. Esas subvenciones se encuentran en fase de análisis de solicitudes. Los restantes 71 millones se destinarán a nuevas convocatorias que buscan “favorecer la transferencia, la adquisición de instrumentación científica, el impulso a los campus de excelencia o la creación de las unidades de excelencia en la investigación y las de investigación competitiva”, ha afirmado.
Asimismo, ha puesto el acento en “el vuelco” dado al sistema de ayudas, rebajando “considerablemente” la burocracia. En ese sentido, ha aseverado que “se han simplificado en más de un 95% las exigencias y trámites administrativos en el caso de las subvenciones de recursos humanos”.
Una institución pionera en la enseñanza dual
Herrera ha subrayado los avances impulsados por la Universidad Pablo de Olavide en el campo de la docencia, asegurando que “es un campus pionero al ofrecer, a partir del próximo curso, nueve títulos que combinan la enseñanza en las aulas y en las empresas”. Además, ha puntualizado su apuesta por los dobles grados y por la enseñanza internacional, al tiempo que ha resaltado “la puesta en marcha en esta universidad de grados STEM, así como el desarrollo de la formación continua a través de un ambicioso programa de microcredenciales”. “Se trata de una propuesta con titulaciones de alta demanda y muy adecuada a las necesidades del sector productivo”, ha apostillado.
De igual modo, ha recordado los pasos que sigue dando la UPO en materia de estabilización de su plantilla para reducir la temporalidad o la relevancia adquirida en la investigación, la sostenibilidad o el compromiso social.
