El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Lucrecio Fernández, ha presidido hoy en la Subdelegación del Gobierno de Huelva la reunión de la Comisión de Asistencia al Delegado del Gobierno, de la que forman parte los subdelegados en las ocho provincias, con el objetivo de coordinar servicios y actuaciones de la Administración General del Estado en el territorio, y donde Fernández ha recordado la nueva instrucción de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género para el seguimiento estadístico “no sólo de las parejas o ex parejas que hayan cometido algún tipo de violencia contra la mujer, sino para la consideración como caso de violencia de género de toda agresión sexual que se produzca fuera del ámbito sentimental”.
En el encuentro, Fernández ha explicado que el objetivo es “mejorar y ampliar el control de cada caso de violencia de género para ofrecer la ayuda más adecuada para cada caso”, de ahí que estén previstas reuniones con distintos organizamos y colectivos de esta ámbito –Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Justicia, Seguridad Social, administraciones locales y provinciales-- que ofrezcan una idea más completa de cómo atender a las víctimas”.
Igualmente dentro de la Comisión Territorial se han analizado los planes de seguridad implantados en Andalucía, con particular atención al Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que dotó de 365 efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil el territorio, lo que ha permitido incautar 150 toneladas de droga, la detención de unas 5.000 personas y la inmovilización de unos 700 vehículos, “instaurando con ello el principio de autoridad en la zona”, ha destacado Fernández.
Por otro lado, se ha referido a la reducción en más de un 53% la llegada de inmigración irregular a costas andaluzas y a la desarticulación de 37 organizaciones dedicadas al tráfico de personas en los últimos 18 meses, para lo que ha sido “fundamental”, como ha calificado el delegado, la cooperación con las autoridades marroquíes. Ha puesto de manifiesto además el trabajo desarrollado para la “dignificación de los Centros de Recepción de Inmigrantes en los puertos andaluces y así poder atender de forma más humanitaria en los rescates”.
También ha analizado con los subdelegados los planes de contingencia para afrontar el Brexit, destacando, por un lado, el refuerzo de las oficinas de Extranjería y, por otro, los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF), “lo que ha supuesto un trabajo intenso del Gobierno central en los últimos meses para prepararnos en este ámbito”, ha subrayado.
Por último, ha informado a los subdelegados provinciales de la publicación hoy en BOE de los 6,7 millones de euros en ayudas para atender los daños por temporal de 2018 en carreteras de Cádiz, Málaga y Sevilla y ha subrayado la “celeridad que ha supuesto la tramitación de estas ayudas para que puedan atender lo antes posible a los usuarios afectados”.
Frutos Rojos y actuaciones CHG
Precisamente en el marco de la provincia de Huelva, donde por primera vez se ha reunido esta Comisión, ha puesto de manifiesto la importancia que las relaciones con el Reino Unido tienen para el sector de los frutos rojos, un país que representa el 25% de las exportaciones totales en valor y el 15% en volumen, razón por la que Fernández ha trasladado un “mensaje de tranquilidad y confianza en que habrá un acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Reino Unido para mantener las relaciones comercial, como actualmente ocurre con otros países terceros como China, de forma que el mercado británico siga teniendo efecto en la economía onubense”.
La campaña de los frutos rojos sitúa a España como quinto productor mundial, alcanzando 450.000 toneladas en 2018, un 4% más que en la anterior. La fresa, frambuesa y arándano aportan un 3% de la producción vegetal del país y una balanza comercial positiva que supera los 1.000 millones de euros.
Por otro lado, el delegado del Gobierno se ha referido a la importancia de la sostenibilidad ambiental y social del sector y ha hecho balance de las actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para alcanzar dicho objetivo, con la inutilización de 400 pozos ilegales en el entorno de Doñana en los últimos 18 meses, así como a la sustitución del uso de las aguas subterráneas por las superficiales para atender la demanda de estos cultivos. En este sentido, ha puesto de manifiesto la recuperación y protección que va a suponer esta acción para el acuífero y para garantizar la sostenibilidad en la zona.
