La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un proyecto para reforzar la función social de su parque público residencial, el más numeroso de España, con cerca de 73.000 viviendas. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha licitado por más de 7,5 millones de euros (7.576.147) un servicio de refuerzo para asegurar que las viviendas públicas de Andalucía se destinan a personas cuyas situaciones socioeconómicas lo requieren y ofrecer una atención personalizada a las familias ante posibles situaciones de vulnerabilidad.

Este plan permitirá realizar una radiografía del parque público de vivienda, así como reforzar su gestión. Mediante este proyecto, AVRA verificará en los próximos dos años la situación de 25.649 viviendas públicas en régimen de alquiler para analizar y atender las necesidades de las familias que residen en ellas. Se trata de un sistema de revisiones periódicas en viviendas públicas de la Junta en las ocho provincias.

Este refuerzo de la labor de seguimiento, que se complementa con el que realiza de manera habitual la agencia, es fundamental para velar por el adecuado funcionamiento del parque de viviendas sociales. Con ello se logra, en primer lugar, establecer una comunicación directa con los titulares de las viviendas, basada en la atención específica y personalizada. Además, se garantiza el correcto uso de las viviendas, ajustándose a su finalidad eminentemente social. Por último, es una fórmula eficaz para preservar el mantenimiento y mejora de los bloques de viviendas, así como su correcto uso.

En ese sentido, este contrato contribuirá a agilizar, por ejemplo, la puesta en marcha de programas de ayuda, como modificaciones temporales de la renta del alquiler, permutas de viviendas o acompañamiento social, además de la derivación a los servicios sociales competentes para atender sus necesidades. Al mismo tiempo, se elaborará un diagnóstico de las complejidades de cada promoción y se promoverá la convivencia vecinal, el uso adecuado de las viviendas y las instalaciones comunitarias.

Mediante este servicio de refuerzo, AVRA podrá actualizar también el censo de las viviendas, comprobando la identidad de sus usuarios y combatiendo situaciones irregulares, como ocupaciones ilegales y actividades ilícitas. Asimismo, se prevé reducir la morosidad y agilizar el acceso a la propiedad de los arrendatarios del parque público, compuesto por 72.267 viviendas, de las que 48.726 están cedidas en arrendamiento.

Las empresas interesadas en ejecutar este servicio de refuerzo, que está dividido en tres lotes, tienen de plazo hasta el próximo 6 de noviembre para presentar sus ofertas a través de la plataforma electrónica de la administración autonómica (Sirec).