El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, José Bernal, y la diputada provincial, Gema Ruiz, han solicitado un plan a la institución provincial para garantizar los servicios bancarios en los municipios que carecen de oficinas o cajeros automáticos. En rueda de prensa, los socialistas han pedido al equipo de gobierno que, al igual que hacen otras diputaciones andaluzas, combata la exclusión financiera en los pueblos malagueños porque “perpetua la sangría de la despoblación”.
Bernal ha explicado que en la actualidad “estamos asistiendo a una supresión de servicios bancarios en los pequeños municipios de la provincia”. En concreto, miles de personas en pequeños municipios de nuestra provincia sufren esa exclusión financiera porque no disponen de una oficina física o un cajero automático en su entorno. Según datos de 2017 del Instituto Nacional de Estadística y el Banco de España, un total de 21 municipios de la provincia de Málaga y 14.887 habitantes carecen de oficina bancaria. “Son malagueños y malagueñas que se ven obligados a salir fuera de sus núcleos de población para poder realizar acciones tan necesarias y cotidianas como sacar dinero o pagar un recibo. En muchos casos, personas mayores que dependen de terceros para desplazarse”, ha detallado.
El portavoz socialista ha asegurado que “unos municipios dispongan de servicios bancarios como cajeros automáticos y otros no es un factor de desigualdad que se está dando en nuestra provincia” y ha considerado que la Diputación de Málaga tiene la responsabilidad de corregir esta desigualdad y adoptar las medidas oportunas para acabar con la exclusión financiera en nuestros pueblos. Por ello, ha adelantado que el PSOE ha presentado una moción que se va a debatir en el pleno ordinario del miércoles instando al equipo de gobierno a que dote de presupuesto y ponga en marcha un plan contra la exclusión financiera dentro de la estrategia contra el despoblamiento.
“Un plan que garantice el acceso a los servicios bancarios a la población de los municipios malagueños que en la actualidad carecen de oficina física, cajero automático o atención presencial por parte de personal de las entidades bancarias”, ha especificado.
Además, los socialistas van a instar al equipo de gobierno a que acuerde con los municipios menores de 20.000 habitantes las acciones de este plan contra la exclusión financiera y que abra la participación a todos los municipios que por su distribución territorial tengan población en diseminado sin acceso a los servicios bancarios físicos.
Bernal ha explicado que el PSOE va a plantear a la Diputación de Málaga que firme convenios con las entidades financieras para la instalación de cajeros automáticos en los municipios malagueños que carecen de este instrumento para gestiones y acceso a dinero en efectivo. Asimismo, ha señalado que van a proponer que diseñe un programa de formación para la población más vulnerable a la exclusión financiera, como las personas mayores, en materia de banca online, en colaboración con las entidades bancarias, asociaciones locales y centros Guadalinfo.
Según ha avanzado Bernal, este paquete de medidas para luchar contra la exclusión financiera que se da en los pequeños municipios de nuestra provincia sin servicios bancarios será “la primera de muchas” iniciativas que el PSOE va a presentar sobre despoblación. “En cada uno de los plenos ordinarios que celebremos a partir de ahora en esta institución vamos a presentar una iniciativa sobre despoblación. La despoblación es la muerte lenta de un modo de vida, la consecuencia de una desigualdad entre habitantes y el producto de un modelo económico que prima lo urbano frente a lo rural. No podemos permanecer impasibles ante este drama. Por eso vamos a ofrecer nuestras propuestas en cada pleno al equipo de gobierno para hacer frente a este éxodo rural”, ha dicho.
Por su parte, la diputada provincial, Gema Ruiz, ha afirmado que garantizar los servicios bancarios en nuestros pueblos es una forma de luchar contra la despoblación. Ruiz ha recordado que los bancos han cerrado en Málaga más de 650 sucursales desde que arrancó la crisis. Según los últimos datos del Banco de España, correspondientes a marzo de 2019, en la provincia quedan ahora 751 sucursales operativas, con lo que la cifra ha vuelto a los niveles de 1987, hace 32 años. En concreto, municipios de nuestra provincia como Alfarnatejo, Alpandeire, Árchez, Arenas, Atajate, Cartajima, Cútar, Faraján, Júzcar, Macharaviaya, Moclinejo, Montecorto, Parauta, Salares, Sayalonga, Sedella o Serrato ya no tienen oficinas bancarias.
La diputada provincial ha advertido de que esta tendencia “parece que va a continuar y más pueblos se van a quedar sin oficinas y servicios bancarios”. “Y nos preocupa el perfil de las personas afectadas que responde fundamentalmente al de personas mayores, que son los que más prefieren seguir acudiendo a las oficinas para realizar sus trámites presenciales y los que precisan de servicios de asesoramiento que requieren de un trato presencial”, ha apuntado.
Ruiz ha señalado que en el año 2017 el Defensor del Pueblo Andaluz abrió una queja de oficio, dirigida a las ocho diputaciones provinciales, ante su preocupación por la situación de exclusión financiera que sufre la población que reside en municipios rurales y dispersos por el cierre de oficinas bancarias, sobre todo, por lo que afecta a las personas más mayores o personas con dificultad en el acceso y manejo de las herramientas digitales. Según el propio Defensor del Pueblo, a las diputaciones provinciales les corresponde la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios de menor capacidad económica y de gestión.
Por ello, el Defensor del Pueblo solicitaba a las ocho diputaciones provinciales adoptar medidas como la celebración de conciertos con las propias entidades financieras para la atención presencial; la realización de programas específicos de alfabetización financiera digital para personas mayores en zonas rurales a través de la red Guadalinfo; la firma de convenios con los ayuntamientos para formar a personas que puedan realizar labores de monitorización y ayuda a personas que necesiten realizar gestiones financieras telemáticas, etc.
Según la diputada provincial del PSOE, en diputaciones andaluzas como las de Almería o Granada han atendido la queja del Defensor del Pueblo y han puesto ya en marcha medidas contra la exclusión financiera.
La Diputación de Granada ha firmado un acuerdo con Caja Rural Granada para que se pongan cajeros automáticos en los municipios granadinos que carecen de estas instalaciones. El convenio cuenta con tres líneas de actuación. En primer lugar, Caja Rural de Granada junto con la Diputación Provincial impulsan y desarrollan la formación centrada en la banca electrónica de Caja Rural (Rural Vía) en los municipios de la provincia sin sucursal bancaria mediante la red Guadalinfo. El acuerdo también establece la colocación de cajeros que serán ubicados en el espacio que elija y ceda cada ayuntamiento a lo que se suma la prestación de servicios financieros mediante personal propio de la entidad que se desplazara a los municipios beneficiarios con la periodicidad que estime la entidad en base a la demanda.
La Diputación de Almería ha aprobado un gasto plurianual (2020-2027) de 7 millones de euros para atender a los gastos derivados del plan que se va a ejecutar en los municipios del interior de la provincia que sufren el problema de la exclusión financiera. Esta diputación asumirá el 100% de los gastos para la implantación de los cajeros, mientras que los municipios sólo tendrán que ceder los espacios y asumir la conexión eléctrica del dispositivo electrónico.
“Por eso consideramos que la Diputación de Málaga debe trabajar en la misma línea que estas otras diputaciones y contribuir a acabar con la exclusión financiera en los pequeños municipios de nuestra provincia”, ha concluido.
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El PSOE solicita un plan a la Diputación para garantizar los servicios bancarios en municipios que carecen de oficinas
--| #estápasandoGO | Malaganews.esSegún la diputada provincial del PSOE, en diputaciones andaluzas como las de Almería o Granada han atendido la queja del Defensor del Pueblo y han puesto ya en marcha medidas contra la exclusión financiera.
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