La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ya trabaja con los representantes de las instituciones académicas y de los sindicatos para poder incluir nuevas figuras beneficiarias en la convocatoria de complementos autonómicos del Personal Docente e Investigador (PDI) que se abrirá en 2025, tal y como ha asegurado el consejero José Carlos Gómez Villamandos en el Pleno del Parlamento andaluz.
En su intervención, Gómez Villamandos ha explicado que esa colaboración se está desarrollando en el marco de la comisión de seguimiento creada para evaluar el procedimiento seguido en la evaluación de este año, que comenzó el pasado 17 de septiembre y culminó el plazo de recepción de solicitudes (un total de 9.632) el 30 de septiembre.
El consejero ha explicado que, entre los nuevos cuerpos que podrían participar, la Junta está dispuesta a considerar la del profesorado sustituto interino a tiempo parcial, siempre que cumpla 900 horas de docencia. Con carácter general, este perfil contractual atiende un número determinado de horas, establecido entre dos y seis a la semana. De igual modo, se daría cabida "a aquellas figuras de investigadores de excelencia correspondientes a determinadas convocatorias nacionales", ha aclarado. En el caso del personal que recientemente se ha acreditado como contratado doctor, pero no ha podido acogerse a esta primera convocatoria con la nueva categoría sino con la anterior -la de ayudante doctor-, podría hacerlo también en la edición de 2025.
En cualquier caso, el titular de Universidad ha subrayado que "la comisión de seguimiento se seguirá reuniendo con el fin de dar respuesta a las demandas y necesidades de las universidades en este ámbito".
La evaluación de 2024 es la primera que se publica acogida al nuevo modelo aprobado el pasado mes de junio por Junta, rectores y sindicatos en el marco de la Mesa General de Negociación de las Universidades Andaluzas, que mejora el sistema anterior e incluye como principal novedad una periodicidad anual en el reconocimiento de esta asignación complementaria.
Los complementos autonómicos constituyen un tipo de retribución económica adicional al sueldo de esta plantilla universitaria, que está vinculada a la actividad que se desarrolla en el campo de la docencia, la I+D, la transferencia e intercambio de conocimiento e innovación, así como en materia de gestión. Con su reconocimiento, se pretende alcanzar la excelencia en el desempeño profesional en cada una de esas áreas. Además, esta remuneración se distribuye en tramos, y el número máximo posible a acreditar son cinco, atendiendo a los diferentes ámbitos. En esta convocatoria, la Consejería de Universidad ha incrementado el importe, situándolo en 1.800 euros anuales por cada uno de ellos.
Plazo para comunicar la convalidación de los tramos ya reconocidos
Una vez cerrada la fase para pedir nuevos méritos, la Consejería de Universidad ha abierto, hasta el próximo 3 de diciembre, el plazo para que el personal que no se haya presentado a este proceso actual, pero que tenga en su haber tramos reconocidos anteriormente, pueda solicitar que le notifiquen la convalidación de esa puntuación.
La convalidación es un proceso automático, por lo que no será necesario volver a reconocer esos méritos. Los interesados tan sólo deberán dirigir a la Administración autonómica un correo electrónico al que se remitirá la resolución. Con esa medida, se da a estos complementos retributivos la consideración de consolidables, una condición que ya adquieren los tramos que se evalúen en la actual convocatoria.
Casi 18.400 personas
Los profesores e investigadores ascienden en Andalucía a casi 18.400 personas, que, en su mayoría, podrán beneficiarse de esta convocatoria, ya que la normativa reguladora ha ampliado las figuras beneficiarias respecto al modelo anterior, y permite la incorporación de los profesores sustitutos interinos a tiempo completo, los asociados o los investigadores de excelencia.
Con carácter general, el proceso va dirigido al PDI vinculado a las universidades públicas, que, como novedad, no deberá acreditar antigüedad alguna, un requisito sí exigido anteriormente. También se podrán acoger los profesionales de instituciones académicas públicas de fuera de la comunidad que presten sus servicios en el sistema andaluz con una antigüedad mínima continuada de dos años completos a fecha de la publicación de dicha convocatoria.
La convocatoria divide a esta plantilla en cuatro categorías. La primera aglutina al personal docente e investigador a tiempo completo, en el que se incluyen los catedráticos de universidad y de escuelas universitarias, y el profesorado titular de universidad y de escuelas universitarias. El segundo apartado hace alusión al PDI laboral, en el que se alinean el profesorado asociado, el profesorado sustituto a tiempo completo y el de carácter permanente laboral a tiempo completo. La tercera modalidad se reserva al perfil investigador doctor contratado a tiempo completo y la cuarta hace referencia al profesorado colaborador a tiempo completo cuya plaza derive de una convocatoria efectuada con anterioridad a 2013. Todos estos perfiles deberán encontrarse en situación de servicio activo, en servicios especiales o en servicios en otras administraciones públicas, en excedencia o en comisión de servicios en otra universidad pública del sistema español.
Experiencia en docencia, I+D, transferencia y gestión
La Junta ha flexibilizado los criterios para alcanzar los cinco tramos reconocidos, de forma que será posible obtenerlos teniendo en cuenta únicamente los requisitos fijados para docencia e investigación, y no los contemplados para la gestión. Por otro lado, se garantiza a quienes no participen en la nueva convocatoria que su experiencia docente e investigadora se compute cuando accedan a otras figuras. Además, también contempla la convalidación de oficio de las evaluaciones efectuadas con anterioridad al actual procedimiento , lo que permite reconocer los tramos obtenidos en 2018.
El análisis y evaluación de los méritos corresponderá a la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) y la asignación de la retribución de los distintos tramos es responsabilidad de cada universidad pública.
Simplificación administrativa del procedimiento
La Consejería de Universidad ha agilizado la gestión de esta convocatoria hasta convertirla prácticamente en automática, evitando así las complejas solicitudes de otros procesos anteriores. Asimismo, se ha marcado como límite para la resolución, un periodo de seis meses a contar desde su publicación, con el fin de evitar los retrasos que se acumularon en la convocatoria de 2018.
Además, el texto legal aprobado en julio pasado y que sustenta esta convocatoria pone fin a diez años de reclamaciones y hace posible ofrecer respuesta al marco normativo establecido, que obligaba a regular este tipo de evaluación por decreto.
