Entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2019, la Policía Nacional y la Guardia Civil han tramitado 64.228 denuncias por delitos de violencia de género, un 11,2% más que en el mismo periodo del año anterior cuando se interpusieron 57.688 denuncias. En todo 2018 fueron 69.000 las denuncias presentadas ante ambos Cuerpos.
Del total de denuncias policiales recibidas en lo que llevamos de 2019, el 64% se interpuso ante Policía Nacional, cuya demarcación de competencias son las capitales de provincia y los grandes núcleos de población, en los que, con carácter general, las víctimas encuentran más recursos y gozan de mayor anonimato, circunstancias que favorecen la denuncia.
En el resto del territorio nacional, competencia de Guardia Civil, se recibió el 36% de denuncias. Los entornos de menor concentración de población y ámbito rural son espacios en los que las víctimas encuentran menos recursos y menor anonimato, lo que dificulta la denuncia de este tipo de delitos, a menudo sufridos por las víctimas durante años.
CASOS ACTIVOS
Hasta el 30 de octubre de 2019, los efectivos policiales hacen seguimiento de un total de 60.000 casos que se encuentran activos. Estos casos se reparten entre Policía Nacional (25.000), Guardia Civil (24.000), así como Policía Foral de Navarra y las Policías Locales de casi 400 Ayuntamientos adheridos al Sistema VioGén de la Secretaría de Estado de Seguridad.
En este sentido, para el Ministerio del Interior es una prioridad avanzar en las medidas que faciliten la denuncia policial, bien de la víctima o de su entorno, y hagan accesible la misma en todos los casos de violencia de género, en igualdad de condiciones y con independencia de las circunstancias.
NUEVOS PROTOCOLOS DE VALORACIÓN DEL RIESGO
Para garantizar que la intervención policial sea lo más eficaz posible, el Ministerio del Interior, siguiendo la pauta marcada por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ha impulsado a lo largo de 2019 mejoras tanto en el “Protocolo de valoración policial del riesgo de violencia de género, gestión de la seguridad de las víctimas y seguimiento de los Casos a través del Sistema VioGén", como en el sistema VioGén que permite a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado gestionar los casos de violencia de género incluyendo las valoraciones y reevaluaciones policiales del riesgo.
Desde octubre se están reevaluando conforme a este nuevo Protocolo todos los casos activos en el nivel de riesgo medio cuya denuncia y primera evaluación sea anterior a marzo de 2019, fecha de entrada en vigor del nuevo Protocolo.
Las modificaciones introducidas se han centrado en:
Mejorar la capacidad predictiva de la valoración policial del riesgo. Por primera vez, la valoración policial no sólo anticipa el nivel de riesgo de reincidencia de cada caso, sino también el riesgo de que dicha reincidencia sea muy grave o incluso letal. La herramienta predictiva identifica y señala ante la autoridad judicial los casos que presentan un perfil susceptible de reincidencia letal si no se interviene desde todas las instituciones implicadas.
Mejorar la identificación de casos con menores vulnerables o en riesgo a cargo de víctimas de violencia de género. Desde la Secretaría de Estado de Seguridad se subraya la importancia de tomar en consideración a los menores a cargo de la víctima en aquellos supuestos en los que, aun no habiendo sufrido agresión directa, los indicadores pongan de manifiesto que se puedan encontrar en situación de vulnerabilidad o riesgo. Estos casos con menores son identificados ante la autoridad judicial para que sean valorados por evaluadores forenses especializados con el propósito de que la autoridad judicial pueda adoptar las medidas más adecuadas para su protección.
IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN
Otra prioridad del Ministerio del Interior es la formación, especialmente de los agentes evaluadores que se encargan del primer contacto con la víctima, la recepción de la denuncia y la primera valoración policial del riesgo. Durante este año, en los cursos formativos han participado 2.800 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
De la intervención rigurosa y experta de estos agentes dependerá que el diagnóstico inicial del caso se ajuste a la realidad y que las medidas policiales adoptadas sean las adecuadas. Asimismo, este diagnóstico inicial es el que se pone en conocimiento de jueces y fiscales para la adopción de medidas cautelares u órdenes de protección.
TERCERA CAUSA DE INGRESO EN PRISIÓN
Por otra parte, en las prisiones dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior cumplen condena por delito de violencia de género como delito principal 4.308 hombres. Esto convierte la violencia machista en la tercera causa de privación de libertad, después de los delitos contra el patrimonio y contra la salud pública.
Los servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, también dependientes de Instituciones Penitenciarias, han recibido en lo que llevamos de año 20.822 mandamientos judiciales alternativos a la prisión (Trabajos en Beneficio de la Comunidad y suspensiones de condena). En este ámbito, la violencia de género es la causa más común de condena, seguida por los delitos contra la Seguridad Vial.
El perfil del maltratador privado de libertad es el de un español (78% de los condenados) de entre 41 y 60 años (45%). Características que se repiten en el ámbito de las penas alternativas: 74% españoles con edades comprendidas entre los 31 y 40 años.
PRIA Y PRIA-MA
Desde 2001, Instituciones Penitenciarias trabaja en la reeducación de los condenados por violencia de género para cumplir el mandato constitucional de la reinserción. Lo hace a través del Programa de Intervención para Agresores de Violencia de Género (PRIA) para los privados de libertad y del PRIA-MA en el caso de las medidas alternativas.
En estos momentos el programa, que es voluntario en el caso de los condenados a prisión, se está impartiendo en 48 centros penitenciarios de la Administración General del Estado con un total de 940 participantes. En el caso de las medidas alternativas, la suspensión de la condena lleva aparejada la obligación de someterse al tratamiento. En lo que llevamos de año se ha intervenido sobre 8.589 maltratadores.
Las estadísticas sobre reinserción avalan el éxito de estos programas. En el caso del PRIA, el último informe se realizó en entre 2007 y 2010 sobre una muestra de 1.065 presos que participaron en el programa. La reincidencia de quienes no lo finalizaron fue del 13,7%. La reincidencia en el caso de los que sí terminaron la terapia se redujo al 8,6%.
En el caso de PRIA-MA, el último estudio elaborado por la Universidad Autónoma de Madrid es del año 2017. Se realizó sobre una muestra de 678 penados que participaron en el programa en 2010. Se estableció como criterio de reincidencia solo la denuncia policial, sin necesidad de condena, en los 5 años posteriores a la realización del programa. En este caso la reincidencia entre los que lo finalizaron fue del 6,8%.
‘SERMUJER.ES’
En paralelo al trabajo que se realiza con los condenados por violencia de género, IIPP puso en marcha en 2011 el programa SerMujer.es. Se trata de una intervención psicoterapéutica para dotar a las mujeres privadas de libertad de herramientas para mejorar sus capacidades personales, afrontar las dificultades de estar en prisión, y para enseñarles a detectar y hacer frente a la violencia machista.
En torno a 1.500 mujeres han participado en el programa desde su implantación. En estos momentos se imparte en 19 centros sobre 239 mujeres. Un estudio realizado por la UNED para comprobar la eficacia del SerMujer.es permitió detectar que entre el 70 y 75% de las mujeres que ingresan en prisión han sido víctimas de malos tratos.
