El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha resaltado hoy durante su intervención en el desayuno-coloquio El Ágora de elEconomista, la necesidad de que nuestro país continúe en la senda de las reformas para defender y proteger el Estado de Derecho y para generar confianza en la economía española.

​En ese sentido ha destacado la incidencia del ambicioso Programa Nacional de Reformas emprendido en la anterior legislatura con más de 240 leyes que nos han devuelto a la senda de la recuperación y el crecimiento económico. Además, ha subrayado la importancia de continuar con una reforma de la Justicia que alcance el mayor consenso político, institucional, profesional y social y se plasme en esa Estrategia Nacional de Justicia que comenzará su andadura próximamente en el Congreso de los Diputados.

Catalá ha mostrado la sensibilidad del Gobierno hacia algunas de las demandas más urgentes de los profesionales de la Justicia. En primer lugar, se ha referido a la necesidad de dedicar más recursos y en ese sentido ha resaltado el incremento del presupuesto del Ministerio por tercer año consecutivo, 1.700 millones de euros, lo que supone un 7,7% más que el ejercicio anterior.

El ministro apuesta de forma decidida por una Justicia más ágil en la que se lleve a cabo una reforma tanto en el ámbito civil como en el penal. En esa línea, entiende que estamos ante una magnífica oportunidad para mejorar algunos aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Civil en torno a las comunicaciones, ejecución de sentencias y protección de colectivos vulnerables.

En el ámbito penal, aboga por una homologación con países de nuestro entorno para establecer una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que otorgue la dirección de la investigación a la Fiscalía y la tutela de los derechos fundamentales a un juez de garantías. En esa línea, ha animado a los que creen en este modelo a que lo defiendan públicamente. Catalá ha hecho una defensa a ultranza del trabajo del Ministerio Fiscal frente a quienes tratan de desprestigiar su labor, ya que da fe de su autonomía y trabajo por el interés general y los derechos de los ciudadanos. Quienes ponen en tela de juicio la labor de las instituciones, ha dicho el ministro, dañan gravemente a la democracia.

En relación con las reformas que demanda la sociedad española, se ha mostrado firme en la lucha implacable contra la corrupción y ha destacado la necesidad de intensificar los mecanismos para que el delito no salga gratis y se devuelva hasta el último céntimo de lo robado. Para reforzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones propone revisar la limitación de los aforamientos con carácter general, no sólo en una comunidad autónoma.

En el ámbito económico y para incidir en las reformas normativas que nos han llevado a la cabeza del crecimiento dentro de los países avanzados, el ministro de Justicia se ha referido a la necesidad de mejorar la regulación hipotecaria, no solo para incorporar la directiva europea en la materia, sino para reforzar las garantías al consumidor, incrementando la confianza y la transparencia y evitando las cláusulas abusivas. Este es el objetivo del anteproyecto de Ley de Crédito Inmobiliario aprobado en febrero por el Consejo de Ministros, que propone medidas favorables al consumidor y refuerza el papel de notarios y registradores para evitar las cláusulas abusivas.

Además, Catalá defiende una revisión del derecho español en lo referente a obligaciones y contratos que se adapte a una nueva realidad social marcada por la digitalización. Los pasos a seguir pasan por revisar el tratamiento de las acciones ante incumplimientos de contratos, sistematizar la figura de la representación contractual, suplir la ausencia de la regulación en algunas fases contractuales como el precontrato y modernizar la regulación de contratos típicos como de compraventa, servicios, obras o préstamo, para evitar prácticas indeseables.

La necesidad de un nuevo Código de Comercio, cuya regulación sigue anclada en el siglo XIX, es otro de los objetivos apuntados por el ministro con el fin de fortalecer el principio constitucional de la unidad de mercado en toda España y sistematizar una normativa dispersa que sirva para regular figuras como la fianza, el aval o el contrato de cuenta corriente.

Entre las reformas económicas, el titular de Justicia ha apuntado a la necesidad de un nuevo texto refundido de Ley Concursal con un marco normativo claro e inteligible para las empresas afectadas por insolvencia, que nos dote de una regulación más completa y coherente en cuanto a los procesos de reestructuración preventiva de las deudas.