Jaén, 20 de mayo de 2022.-La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha presidido hoy la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Empleo Agrario (PFEA), que ha aprobado por unanimidad la distribución territorial de 24,36 millones de euros de los fondos asignados a la provincia por el Ministerio de trabajo y Economía Social, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La asignación correspondiente a la provincia supone un incremento del 5,48 por ciento con respecto al ejercicio anterior, que supuso una cuantía total de 23,09 millones de euros.
Madueño ha señalado el aumento de 1,26 millones de euros de la cantidad destinada a la provincia de Jaén. “Se traducirá en un reparto entre los ayuntamientos jiennenses, lo que, según las previsiones iniciales, permitirá generar más de 328.900 jornales entre los trabajadores del ámbito rural. Se trata de cifras estimadas”, ha explicado. Al respecto, ha recordado que el programa genera un doble beneficio en los municipios: “Por una parte, permite crear y conservar infraestructuras en nuestros pueblos y ciudades, al tiempo que supone una garantía de acceso al empleo y a las rentas de los trabajadores agrarios en épocas en las que cesa la actividad agrícola”, ha matizado.
La subdelegada ha apuntado el importante papel que juega el Programa de Empleo Agrario para la provincia de Jaén, ya que conlleva la puesta en marcha de proyectos de interés social y general en municipios cuya economía y mercado laboral están muy ligados a la agricultura, con obras que se proyectan con cargo a este plan durante los periodos en los que no hay actividad en el campo. “Posibilita cometer actuaciones de conservación y mantenimiento del medio rural, forestal, patrimonial y medioambiental, así como proyectos para mejorar las infraestructuras urbanas de los pueblos y de los servicios municipales”, ha explicado Catalina Madueño.
El PFEA está encuadrado dentro de las Políticas Activas de Empleo que gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Andalucía, “con el objetivo principal de garantizar un futuro en los municipios mediante la generación de actividad económica y empleo”, tal y como ha subrayado la subdelegada.
El importe de 24,5 millones de euros para la provincia aprobado hoy por la Comisión Provincial de Seguimiento corresponde a los costes de contratación y de Seguridad Social de los trabajadores, a los que hay que sumar las aportaciones de la Junta de Andalucía (75 por ciento) y de los municipios (25 por ciento) para la adquisición de los materiales. En este sentido, Catalina Madueño ha puesto en valor la cooperación entre las administraciones estatal, autonómica y local “como elemento fundamental para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos”.
La reunión de la Comisión Provincial de Seguimiento ha estado presidida por la subdelegada del Gobierno de España en Jaén. Han participado, por parte de la Administración General del Estado, la directora provincial del SEPE, Isabel Mendoza, y el videdirector, Francisco Buitrago. Por parte de la Junta de Andalucía han asistido el delegado territorial del Empleo, Francisco Martínez Garvín, mientras que por parte de las corporaciones locales han participado el diputado del Área de Infraestructuras de la Diputación Provincial de Jaén, José Luis Agea; y el alcalde de Hinojares, Maron Martínez, en representación de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Además, también han acudido representantes de organizaciones sindicales y asociaciones empresariales. La distribución provincial de los fondos ha sido aprobada por unanimidad.
La subdelegada ha informado de que la previsión es ejecutar un total de 163 obras en la provincia de Jaén con cargo al PFEA del año 2022, que serán promovidas por los 97 ayuntamientos y la Diputación Provincial. La cantidad correspondiente a cada municipio se adjudica directamente por el SEPE en función de unos criterios asignados que tienen en cuenta la demanda y oferta de trabajo en cada municipio. En el ejercicio pasado, se decidió dar más peso al criterio del mercado de trabajo, que alcanza un porcentaje del 15 por ciento, para adecuar el reparto a la situación real de cada municipio. “Esa medida se mantiene también este año, con lo que pensamos que la distribución es más justa y ecuánime”.
Es el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) quien destina créditos con cargo a sus presupuestos anuales para subvencionar los costes salariales y de cotización empresarial de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, contratados por las corporaciones locales. Estas contrataciones deben tener por objeto la ejecución de proyectos de interés general y social, siempre que sean competencia de las corporaciones locales y que sean ejecutados en régimen de administración directa o en régimen de adjudicación.
Para realizar la adjudicación de los proyectos, la Comisión tendrá en cuenta sus características y se seguirá un sistema de concurrencia competitiva. Finalmente, la subdelegada ha agradecido la “gran labor” realizada por el SEPE en la provincia, al tiempo que ha destacado la aportación del resto de Administraciones en el PFEA.
Romper la brecha digital
Como novedad y de forma paralela, Madueño ha explicado que, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se pondrá en marcha un programa de formación en alfabetización digital destinado a mujeres contratadas con el PFEA o que hayan sido contratadas en el PFEA, “con el objetivo de capacitar a las mujeres en el entorno rural y romper la brecha digital que aún está presente en muchos municipios andaluces”. De la totalidad de mujeres que se beneficiarán de este programa, alrededor de 150.000 serán de Andalucía, lo que representa el 83 por ciento del total nacional, de las que 25.163 serán de la provincia de Jaén.
Además, Madueño ha mencionado otras iniciativas adoptadas para asegurar la viabilidad de las explotaciones agrarias, como la reducción del número de jornadas de 35 a 20 para que los trabajadores agrarios eventuales puedan acogerse al subsidio de desempleo y la renta agraria ”y así poder hacer frente a posibles efectos negativos sobre el empleo provocados por la sequía”, en referencia al Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía.
