El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las 31 aportaciones de la Junta de Andalucía al V Plan de Gobierno Abierto 2025-2028. Con este número de propuestas, Andalucía lidera las iniciativas autonómicas planteadas a este plan, lo que supone más de un 30% del total (79), seguida por Cataluña y Castilla-La Mancha, con un 5% de las aportaciones cada una de ellas.

Fruto del trabajo de las consejerías y sus entes instrumentales, se han desarrollado y presentado 31 propuestas de compromisos, que se han puesto de manifiesto en el Foro de Gobierno Abierto celebrado el 12 de marzo de 2025 y que serán incluidas y publicadas, tras un proceso de información pública, previsiblemente en mayo. La Junta de Andalucía ha contribuido, desde 2011, con los principios de Gobierno Abierto, participando en la elaboración de los distintos Planes de Gobierno Abierto. La Junta de Andalucía inició, en febrero de 2024, los trabajos para la elaboración del V Plan.

La participación de las consejerías y entes instrumentales de la Junta de Andalucía en este V Plan se ha incrementado considerablemente, teniendo en cuenta que para el IV Plan, aprobado el 29 de octubre de 2020, se habían propuesto dos actuaciones, una de la Agencia Digital de Andalucía y otra del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP). Estas 31 propuestas afianzan el compromiso de Andalucía con los valores de transparencia e integridad, participación cívica y promoción de los derechos fundamentales, así como la rendición de cuentas.

Entre las propuestas presentadas por la Junta de Andalucía destaca la iniciativa de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública sobre Sellos de Integridad para los Organismos de las Administraciones Públicas, que ha sido preseleccionada para el Open Government Challenge (OGP Challenge) o Desafío de Gobierno Abierto, que es una llamada a la acción mediante la que se anima a los países a dar un paso al frente, aumentando la ambición de los compromisos asumidos en sus Planes de Acción.

Los objetivos del plan estatal son fortalecer la participación ciudadana, mejorando su calidad e incentivando la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. También buscan optimizar los marcos legales de acceso a la información, garantizando mayor transparencia, promoviéndose la integridad y la rendición de cuentas en las instituciones públicas para fortalecer la confianza ciudadana.

Además, se impulsa el fortalecimiento de los espacios cívicos que permitan la acción de la sociedad civil y se garantiza una administración abierta con atención de calidad para toda la ciudadanía. En el ámbito digital, se refuerza la transparencia y supervisión del uso de la Inteligencia Artificial y la protección de datos.