El Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la Diputación de Málaga ha elaborado dos modelos de ordenanza para facilitar a los ayuntamientos consorciados que puedan adaptarse a la nueva tasa de residuos impuesta por el Gobierno conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
El diputado provincial y presidente del Consorcio, Luis Rodríguez, ha explicado que cada ayuntamiento podrá elegir el modelo que mejor se ajuste a sus necesidades, al tiempo que ha lamentado que la imposición de esta tasa no venga acompañada de recursos económicos. Junto a Rodríguez ha intervenido José Antonio Cabezuelo, director de Residuos y otros Servicios Urbanos de Ingeagua, entidad que ha participado en la elaboración de estos documentos.
La Ley establece que el coste de los residuos debe ser cubierto a través de una tasa diferenciada y no deficitaria, lo que significa que los municipios deben garantizar su viabilidad financiera sin generar pérdidas. Entre las principales novedades destacan la obligatoriedad para todos los municipios, independientemente de su tamaño; la diferenciación por tipo de usuario, distinguiendo entre viviendas y actividades económicas; la separación de una parte fija y otra variable –en función de la generación de residuos o de criterios como el consumo de agua–, y el establecimiento de incentivos y bonificaciones, con reducciones para quienes participen en programas de compostaje, reciclaje o puntos limpios.
Dos modelos
Los ayuntamientos deben aprobar sus ordenanzas fiscales antes del próximo 10 de abril para evitar sanciones, ya que se penalizarán los desechos que lleguen al vertedero con un coste de 30 euros por tonelada.
Para facilitar que los ayuntamientos puedan cumplir con esta obligación, el Consorcio ha elaborado dos modelos de ordenanza fiscal adaptables a las necesidades de cada uno de ellos.
La ordenanza ‘tipo A’ cumple con la obligación de establecer la tasa de forma clara y sencilla, está diseñada con una estructura tradicional basada en criterios objetivos como el uso del inmueble, la superficie o el número de habitantes, y su cálculo es más simple y directo, lo que facilita su aplicación en municipios con menor capacidad administrativa. Por lo tanto, se trata de un modelo fácil de implementar sin necesidad de cambios significativos en la gestión del servicio de residuos.
La ordenanza ‘tipo B’ va un paso más allá al incentivar comportamientos más sostenibles mediante un pago más justo en función de la generación de residuos. De este modo, incorpora un modelo más avanzado que introduce elementos de pago por generación e incluye una cuota variable que puede depender de la cantidad de residuos generados o de parámetros como el consumo de agua.
Este es un modelo más ajustado al principio de ‘quien contamina paga’ y fomenta la reducción de residuos y el reciclaje. Además, incorpora un sistema progresivo que permite individualizar más la tasa y puede incluir incentivos o reducciones según la participación en programas de reciclaje, compostaje o separación de residuos. Este tipo de ordenanza es, por lo tanto, más adecuado para aquellos municipios que puedan implementar sistemas avanzados de recogida (contenedores inteligentes, recogida puerta a puerta, control por volumen de residuos generados…) y permite una evolución hacia un modelo de pago por generación en el futuro.
“El objetivo del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la Diputación es facilitar a los municipios la transición hacia un modelo de residuos más sostenible y eficiente”, ha apuntado el presidente del Consorcio de RSU.
Por último, Luis Rodríguez ha indicado que los 91 municipios consorciados han sido invitados a participar en una jornada que se celebrará el próximo jueves en La Térmica para explicarles con detalle los dos modelos de ordenanza y solventar las dudas que puedan tener de cara a cumplir con la Ley y con los objetivos de reciclaje marcados por la Unión Europea.
